El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dejaron perder un total de $119.497.884.237 por deficientes gestiones de cobro en lo relacionado con mayores inversiones que se dieron en desarrollo de dos Contratos de Estabilidad Jurídica suscritos en 2010 con las empresas de telefonía celular denominadas entonces Comcel S.A. y Telmex Colombia S.A., que más adelante se fusionaron para operar bajo la marca Claro.

Se trata exactamente de dos hallazgos con presunta incidencia fiscal, uno por $114.003.240.000 y otro por $5.494.644.237, que se determinaron al concluir un proceso de auditoría financiera al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para la vigencia 2022, realizado por Contraloría Delegada de Comercio y Desarrollo Regional, dentro de su plan de vigilancia fiscal 2023.

El objetivo general de la auditoría era “Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, presupuesto ejecutado y el fenecimiento de la cuenta fiscal de la vigencia 2022:”

En esta auditoría se constituyeron en total 25 hallazgos administrativos, de los cuales los 2 antes reseñados tienen presunta incidencia fiscal y 7 posible connotación disciplinaria, los cuales serán trasladados a las instancias competentes (la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo y la Procuraduría General de la Nación).

Descripción de los hallazgos fiscales

Con respecto al primer hallazgo con connotación fiscal, el equipo auditor constató ineficacia en las gestiones de cobro del reajuste por concepto de mayores inversiones realizadas por los contratistas de conformidad con la Prima de los Contratos de Estabilidad Jurídica EJ-08-2010, celebrado entre la Nación -Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Comunicación Celular S.A. Comcel S.A, y EJ-16 de 2016, celebrado entre la Nación -Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Sociedad Telmex de Colombia S.A.

Esta gestión de cobro residía exclusivamente en cabeza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC.

Se concluyó por parte de la Contraloría que, por la falta de gestión para el cobro de este reajuste, por un valor total de $114.003.240.000, se generó un detrimento al patrimonio de la Nación, por el mismo valor.

Esto en razón a que el MinTIC, como suscriptor del contrato, tenía la competencia para iniciar formalmente el proceso de cobro, sin embargo, a la fecha de la auditoria no había realizado las acciones necesarias para iniciar este a través de los mecanismos jurídicos validos que dicha cartera considere y le corresponda.

Tal hecho conllevó a que no se lograra el recaudo efectivo de los recursos en favor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que tiene registrado en sus estados financieros la cuenta por cobrar, que de conformidad con los lineamientos dados por el Ministerio de Hacienda corresponde al portafolio 333 que hace parte de las arcas de la Nación.

De haber sido cobrados y recaudados oportunamente, estos recursos pudiesen haber coadyuvado en la financiación de planes, programas y proyectos del orden nacional.

Y respecto al segundo hallazgo con posible connotación fiscal, según el informe de auditoría,  se evidenció que por la falta de oportunidad en la gestión de cobro coactivo por parte del MinTIC, la cuenta de orden que figura en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en sus estados financieros contra la sociedad sancionada WILCOS SAS, por un valor total de $5.494.644.237, prescribió, lo que supone un detrimento patrimonial al Estado por el valor total de la deuda, incluidos los intereses que se dejaron de cobrar.

Según el Contralor Delegado para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, Sigfredo López Tobón, “las situaciones encontradas en esta auditoría evidencian que, tanto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, no actuaron conforme a los principios de la función administrativa. Así mismo, desconocieron el principio de coordinación y colaboración armónica entre entidades públicas, el cual predica que las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines esenciales del Estado”.

*Con información de Contraloría General de la República